La magnitud de dicha deuda, su impacto en la economía y las consecuencias en el plano social y político, hacen que éste sea el problema de corrupción más grave que debe resolver Argentina.

   Según fuentes oficiales, la deuda externa, supera hacia mediados del 2000 los 155.000 millones de dólares, lo cual nos coloca para los organismos financieros internacionales como un país severamente endeudado, lo cual torna a la situación insostenible y las restricciones que le impone al progreso económico y social de la Nación se pueden apreciar al considerar que:

   Al reingresar a la democracia en 1983, el Justicialismo pidió a través de sus diputados una investigación sobre este endeudamiento y no solo el oficialismo se opuso sino que, en 1985, disolvió la comisión del Banco Central que estudiaba la legitimidad del endeudamiento privado y completó la «nacionalización» de dicha deuda.

    En 1989, en medio de un proceso de hiperinflación, disolución social y retroceso económico, el Justicialismo se hizo cargo del Gobierno por mandato popular. Las urgencias del momento impedían abordar el tema de la deuda y fue necesario abocarse a la reforma del estado y el ajuste estructural de la economía desquiciada por la cultura de la especulación. Mucho se hizo y desde el punto de vista que nos interesa se eliminó el défict fiscal, la inflación y el comercio exterior se triplicó pero no se logró transformar este crecimiento en progreso social producto del peso que la deuda externa y las presiones de los acreedores sobre las políticas de nuestro país ejercían.

    Cada vez que llegamos a este punto, tanto los descarnados defensores de los intereses de este capitalismo abstracto -al que se insita a combatir desde nuestra marcha- como los políticos «eticistas» inmediatamente estallan con un "¡Hay que pagar! Ya que existe una continuidad jurídica del estado argentino que contrajo la deuda con el actual y porque ésta se ha atomizado por medio de los bonos Brady en cientos de miles de particulares". A ello le respondemos con el fallo del juez Ballestero y con el artículo 737 del Código Civil, que sostiene que si una obligación es ilícita, arrastra la ilicitud a las acciones que se derivan de ella. Por lo tanto aquí hay un campo de negociación abierto.

Por otro lado, el engrosamiento de la deuda no es producto de nuevo endeudamiento sino de la refinanciación de la misma. Seremos claros: en el primer semestre del 2000, la tasa de interés internacional oscilaba entre el 6.2% y 6.6% anuales sin embargo, Argentina tomó créditos con intereses entre el 11.27% y el 12% anual. Esa diferencia de casi el 100% se la denomina técnicamente «riesgo país» y está determinado por una evaluación que realizan empresas que trabajan para los grandes bancos y organismos financieros internacionales; por ejemplo, la renuncia del Vicepresidente de la Nación Carlos Alvarez produjo una suba en el riesgo país. En otras palabras, es la herramienta de la usura internacional que nos condena a vivir endeudados (nunca podemos descontar capital por pagar cada vez más interés) y a incrementar esa deuda con mayor refinanciación.

Para ser claros, tomemos encuenta que hablando exclusivamente de los intereses, los argentinos pagamos más de 1 millón de dólares por hora. Y estos intereses son crecientes llegando a 11.000 millones en el 2001 y a 13.000 millones en el 2002. Obviamente, si apenas llegamos -a costa de ajustes- a pagar intereses nunca lograremos avanzar en un desarrollo sostenido y es lícito recordar aquí el pensamiento del Gral. Perón cuando sostenía que no hay grandeza de la Patria sin felicidad del Pueblo.

Por eso, asumiendo la responsabilidad política de esta causa nacional, verdadera asignatura pendiente en Argentina, es que propongo que comencemos a dialogar sobre cual será nuestro futuro y cual la herencia que dejaremos a nuestros hijos.