CONTRA LA PROFUNDIZACION DEL MODELO ECONOMICO DE HAMBRE, DESOCUPACION Y DESTRUCCION DE LA NACIÓN,

LA CGT PROFUNDIZA EL PLAN DE LUCHA Y LANZA LOS 20 COMPROMISOS DEL FRENTE NACIONAL, SOCIAL Y PRODUCTIVO

Documento aprobado por el Comité Central Confederal, que sesionó bajo la advocación del compañero Aníbal Verón, último mártir del pueblo argentino

La dramática situación socioeconómica que vive hoy el pueblo argentino, producto de la aplicación de este modelo económico neoliberal de exclusión social, ha llegado a límites insoportables, llevando a miles de argentinos a salir a cortar rutas como única forma de ser escuchados y conseguir así siquiera algún paliativo a la realidad de hambre a la que son condenados por esta verdadera dictadura financiera.

Desgraciadamente, el Gobierno Nacional ha desoído las voces de quienes reclaman un cambio del rumbo económico antes que sea demasiado tarde, un cambio coherente con las expectativas de quienes votaron un cambio hace solo un año, y con la conducta de quienes actúan como gerentes del poder financiero internacional, tiranía económica, profundiza los efectos de este modelo perverso augurando un agravamiento de la miseria, la desocupación, la destrucción de la producción y la industria nacional, de las esperanzas de futuro de nuestra juventud, comprometiendo nuestro futuro como Nación y como Pueblo Soberano.

Las medidas anunciadas la semana pasada por el Presidente de la Nación, han confirmado el sometimiento del Gobierno, y aumentan profundamente el riesgo en que se encuentra la mayoría del pueblo argentino, aceptando la extorsión del capital financiero y del FMI, el Gobierno profundiza la recesión más aún de lo que ya indicaba el proyecto del presupuesto 2001, entrega las jubilaciones a la voracidad de los grandes grupos, condenando a nuestros ancianos a un más indigno final, la recaudación fiscal a los mismos intereses, agravando la contracción del mercado interno, del consumo, dando así el último impulso al largo proceso de desindustrialización que viene sufriendo el país, más desempleo y más pobreza.

La actitud asumida por muchos gobiernos provinciales, de acompañar el camino impuesto por el FMI, hasta en la represión a las justas protestas sociales como ha ocurrido en Salta es demostrativa de la crisis que alcanza a buena parte de la dirigencia política que ha dado la espalda a las necesidades de la Nación y del pueblo, poniéndose al servicio de los intereses financieros internacionales.

La CGT considera ineludible ratificar:

- El repudio a la represión sufrida por los trabajadores desocupados de Salta, y en todo lugar donde manifiestan su protesta.
- El rechazo del proyecto de Presupuesto para el 2001 y de las medidas anunciadas por el Gobierno, que constituyen también un acto de desprecio a nuestra Constitución Nacional.
- La necesidad de cambiar el modelo económico para salvar la Nación. Sabemos que es mentira que no existe otro camino alternativo. La historia de nuestra nación nos nutre de ejemplos. La dignidad de nuestros hermanos que luchan nos muestra el camino, la riqueza potencial de nuestra tierra nos dice que es posible.
- Hace falta voluntad política y conciencia nacional.
- Por ello no solo seguiremos resistiendo a estas medidas, al FMI, y al modelo económico, sino que somos concientes de que ha llegado la hora.
- La hora de plasmar un FRENTE NACIONAL SOCIAL Y PRODUCTIVO, que lleve adelante un programa mínimo alternativo "LOS VEINTE COMPROMISOS DEL FRENTE NACIONAL", que pueden suscribir todas las organizaciones sociales, económicas, institucionales y sindicales de nuestro Pueblo, pero también los dirigentes políticos de los diferentes partidos, que tomen la firme decisión de trabajar y llevar adelante un nuevo modelo que recupere a la Nación garantizando su crecimiento, una más justa distribución de la riqueza, plena ocupación , industria nacional, producción agropecuaria y un Estado garante de la salud, de la educación, justicia y demás derechos constitucionales de todos los argentinos.
- La CGT y todos los argentinos quieren conocer de una vez por todas, quiénes son los políticos que militan o responden al mega partido neoliberal, y quiénes son los que están realmente comprometidos con los trabajadores, con los argentinos que padecen hambre, con un modelo nacional y popular, en fin, los que siguen pensando que con coraje podemos reconstruir nuestra Patria.
- Contra ese modelo, contra ese Presupuesto recesivo y regresivo, contra las medidas del FMI, contra el atropello a la Constitución y a la dignidad nacional y por esa argentina que queremos para nosotros y para nuestros hijos este COMITÉ CENTRAL CONFEDERAL RESUELVE:

1- RECHAZAR EL MODELO ECONOMICO Y LAS MEDIDAS ADOPTADAS QUE IMPLICAN ENTRE OTROS EFECTOS     REGRESIVOS EL AVASALLAMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA APROPIACION DEL AHORRO INTERNO     ARGENTINO.
2- RATIFICAR LA NECESIDAD DE CONFORMAR UN "FRENTE NACIONAL, SOCIAL Y PRODUCTIVO" PARA SALVAR     LA NACION, PARA LO CUAL LANZAMOS UNA CONVOCATORIA AMPLIA PARA REFORZAR ESE INSTRUMENTO     INDISPENSABLE EN LA CONSTRUCCION DEL PODER SOCIAL Y POLITICO REQUERIDO PARA CAMBIAR EL     ACTUAL MODELO NEOLIBERAL POR UN MODELO DE DESARROLLO SUSTENTABLE CON JUSTICIA SOCIAL.
3- DECRETAR COMO CONTINUIDAD DEL PLAN DE LUCHA UN PARO NACIONAL ACTIVO DE 36 HORAS PARA LOS     DIAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE COORDINANDO CON LAS DEMÁS EXPRESIONES SINDICALES Y SOCIALES     REPUDIANDO LA LLEGADA DE LA MISION DEL F.M.I. Y EXPRESANDO EL CLAMOR DE UN PUEBLO QUE     ANTES DE MORIR DE RODILLAS, RESISTE DE PIE.

Buenos Aires, noviembre 13 de 2000

1. Revisión del monto de la deuda externa en función de su legalidad, sobre la base del fallo dictaminado por el juez Ballesteros en la causa Alejando Olmos s/denuncia (Martínez de Hoz, Cavallo y otros) y definición del alcance real de la deuda, sobre el monto verdaderamente exigible.
2. Inmediata constitución de una comisión bicameral del Congreso de la Nación para llevar adelante esa investigación, y suspensión de todo pago de la deuda y su servicio hasta que no se determine su legalidad.
3. Renegociación de los intereses y condiciones de pago de la deuda exigible asegurando, cuanto menos, dos años de gracia en sus servicios, y tasas de interés no superiores al 6%, para aplicar los fondos así liberados a financiar el despegue productivo de los argentinos y la reparación social a los sectores marginados.

2) Recuperación del poder político del Estado y de sus funciones de regulación del mercado, de orientación estratégica del desarrollo nacional y de garante del pleno empleo y de una justa distribución del ingreso. Rechazo a las políticas de ajuste estructural permanente y de debilitamiento institucional y técnico del Estado impuesta por los organismos internacionales.

3) Políticas de pleno empleo a través de fuerte expansión de la demanda interna sobre la base de la redistribución del ingreso nacional (recuperación salarial, seguro al desempleo, disminución del IVA y aumento de jubilaciones y pensiones).

1. Seguro de desempleo de $ 380 a un millón doscientos mil jefes y jefas de hogar desocupados, mediante programas de trabajo y capacitación, y prohibición de despidos por dos años.
2. Aumento mensual progresivo de jubilaciones y pensiones hasta un mínimo de $ 380 al finalizar el primer año.
3. Eliminación del IVA a una canasta básica familiar.
4. Derogación de las rebajas salariales a empleados estatales.
5. Incremento progresivo del salario mínimo hasta alcanzar $ 420 al fin del primer año.
6. Incremento general de sueldos y salarios sobre las remuneraciones de convenio más mejoras (ingreso efectivo, sin descuentos previsionales, del último mes) a una tasa igual a la tasa de crecimiento de la productividad.

4) Profunda transformación del injusto sistema tributario, destinando los recursos así obtenidos al financiamiento de la demanda de bienes de consumo masivo de los sectores populares y a la reactivación generalizada del mercado interno.

1. Rechazo al proyecto de presupuesto 2001, por su carácter regresivo y pro-cíclico, y por persistir en priorizar el pago del servicio de la deuda externa a la urgente deuda social interna.
2. Restauración de los aportes patronales a los niveles vigentes en abril de 1991, salvo para los sectores industriales no monopólicos.
3. Aumento del impuesto a las ganancias en su tramo superior en 3% y/o un impuesto a las utilidades extraordinarias.
4. Incorporación de las utilidades de las operaciones financieras a la base imponible del impuesto a las ganancias. (Incluido el Mercado Financiero que no controla el BCRA).
5. Transformación de los impuestos internos en un instrumento de cargo selectivo al consumo superior y –dada la emergencia- al consumo no esencial.
6. Incorporar al Impuesto al Patrimonio los bienes no productivos de propiedad de personas naturales extranjeras residentes en el exterior y empresas extranjeras.

5) Recuperación plena de un derecho laboral que tenga su centralidad en el hombre que trabaja, mediante la derogación de toda la legislación de flexibilización del derecho y precarización del empleo.

1. Vigencia plena de la Ley 14.250 de Convenios Colectivos de Trabajo.
2. Limitación de la jornada de trabajo sin merma en los salarios a 40 horas semanales.
3. Prohibición de despidos durante el primer año de implementación del presente programa.
4. Modificación de la ley de accidentes de trabajo, centrando los recursos en la prevención y respetando el derecho del trabajador a condiciones de higiene en los lugares de trabajo y el derecho a la reparación integral de los infortunios.
5. Control del cumplimiento de la legislación laboral reforzando la actividad de la policía de trabajo: con participación de las organizaciones sindicales y demás organizaciones libres del pueblo.
6. Aprobación en el Congreso de la Iniciativa Popular presentada por el Movimiento Obrero.

6) Defensa del trabajo y de la producción nacional mediante la elevación de aranceles extra-Mercosur y otras políticas aduaneras para-arancelarias y de administración del comercio, que protejan el desarrollo del mercado interno.

1. Cierre de importaciones superfluas y protección a la producción nacional mediante la elevación de aranceles e implantación de cuotas o restricciones específicas a productos subsidiados o elaborados con mano de obra que revista características de dumping social.
2. Aplicación de los recursos generados por el aumento de aranceles a solventar reintegros a las exportaciones y otras medidas (financieras, impositivas) destinadas a promover las mismas.
3. Instalar un efectivo sistema aduanero eliminando el sistema María que posibilita el contrabando legalizado, y fortaleciendo el control de fronteras.
4. Creación de un sistema eficiente y rápido para controlar la formación de precios en las operaciones entre las filiales y las casas matrices de las corporaciones transnacionales.

7) Desarrollo de un programa de salvataje primero, y de recuperación productiva, después, de los pequeños y medianos productores agropecuarios del país (suspensión de juicios ejecutivos, establecimiento de precios sostén y asignación de recursos al rescate del agro). Nueva estrategia productiva y comercial para la inserción internacional del campo argentino haciendo que el Estado argentino suscriba acuerdos de multifuncionalidad de subsidios como los acordados por la comunidad Económica Europea, Japón y otros estados asiáticos.

1. Suspensión por dos años de los juicios ejecutivos, prendas e hipotecas de bienes agrarios y garantías hipotecarias de bienes familiares.
2. Establecimiento de precios sostén y de la intervención reguladora del Estado en la actividad agropecuaria.
3. Creación de un fondo de 800 millones de pesos a fin de iniciar un proceso de reconsolidación de la deuda agraria.
4. Creación o ampliación de los fondos destinados al salvataje, mejoramiento tecnológico y sostenimiento de los cultivos nacionales, como tabaco, azúcar, algodón, cítricos y otros.

8) Implementación de políticas activas para la reindustrialización sostenida y generalizada del país, en el contexto de una reorientación del desarrollo nacional que aproveche al máximo la totalidad de sus recursos naturales y humanos, y apuntando a un modelo de desarrollo autocentrado, en el marco de un Plan Regional Sudamericano desde donde diseñar una nueva modalidad de inserción mundial, capaz de generar sus propios medios de producción (tecnologías, insumos críticos, bienes de equipo) y de garantizar la autonomía y el avance cultural, científico-técnico y político de la Nación, así como su participación creadora en la actual sociedad mundial tecnológica y del conocimiento.

1. Reindustrialización generalizada, basada en una ampliación sostenida del mercado interno, asegurando que la tasa de crecimiento anual del salario real iguale a la tasa de crecimiento de la productividad del trabajo, y en la promoción de las exportaciones industriales con alto valor agregado.
2. Obligatoriedad de que el estado nacional, los estados provinciales y los municipios efectúen sus compras a la industria nacional. Dicha obligatoriedad se hará extensiva por ley a las empresas públicas privatizadas y concesionadas.
3. Convocatoria a las Organizaciones Sindicales, Cámaras Empresarias y Universidades Nacionales para definir, en un período de 90 días, una política industrial de mediano plazo, mediante consenso, presentándoles las conclusiones al gobierno nacional para su implementación con la participación de todos los sectores. La mencionada política deberá privilegiar un modelo articulado para el interior del país.
4. Suspensión de la ejecución judicial de toda unidad productivo-industrial por 2 años a fin de evitar el cierre, el despido de trabajadores y la destrucción de la organización y la experiencia empresarial.
5. Creación de un fondo para Programas Especiales de sustitución eficiente de importación como tiene Brasil y México.
6. Reembolso automático del IVA a exportaciones industriales.

9) Implementación de políticas activas dirigidas al sector de las PyMES y microempresas que generan el 70% de los puestos de trabajo y que, dado el estado de crisis en el que se encuentran, deben ser consideradas como un sector en emergencia nacional.

1. Acceso preferencial de las PyMES y micro emprendimientos al crédito y diseño de herramientas crediticias específicamente orientadas al sector. Creación de fondos de garantía para PyMES y microempresas SIU (Sector Informal Urbano).
2. Diseño de políticas tributarias preferenciales y adecuadas a sus volúmenes de facturación.
3. Implementación de políticas de desarrollo y actualización tecnológica específicamente dirigidas a este tamaño de establecimientos.
4. Estímulo al desarrollo de políticas asociativas para el comercio exterior.
5. Renegociación de todos los Reglamentos de Suministros de los Servicios Públicos.

10) Recuperación de una política monetaria nacional al servicio de la reactivación y el desarrollo sostenido del país y al control de las actividades financieras nacionales e internacionales.

1. Recuperación y defensa de la banca nacional y provincial y absoluta oposición a la privatización, total o parcial, del Banco Nación y de los bancos provinciales.
2. Autorizar la incorporación de hasta 3.000 millones de dólares en títulos u obligaciones negociables en las Reservas Internacionales del país, orientando los recursos que se generen a la reformulación del modelo de desarrollo industrial.
3. Imposición de cargas adicionales por liquidez no aplicada a préstamos productivos y por niveles exagerados en las tasas de interés. Habrá límites para exigencias de pagos por servicios paralelos.
4. Priorización de recursos financieros para apoyar al Estado en la creación y funcionamiento inmediato de un Fondo de Garantías que facilite la operación crediticia a favor de la PyMES. Para ello es necesario incorporar en el presupuesto de 2001 las partidas para la creación del Fondo. Instrumento éste esencial para facilitar su acceso al sistema financiero, disminuir el costo del crédito y asegurar la flexibilidad de oferta de este sector de empresas.
5. Canalizar la operatoria minorista de los recursos del Banco de Intercambio y Comercio Exterior y del Banco Hipotecario al Banco de la Nación Argentina.
6. Unidad Monetaria con Brasil camino al nacimiento de una moneda suramericana.
7. Reforma de la carta orgánica del BCRA para recuperar la soberanía monetaria nacional y regional transformando el actual "régimen de usura" en un régimen crediticio al servicio de la producción nacional.
8. Publicación obligatoria del movimiento internacional de capitales para democratizar la información y facilitar la participación de las organizaciones libres del pueblo argentino.

11) Función activa del Estado y las organizaciones sociales y sindicales en el control de las actividades monopólicas y oligopólicas (regulación del margen de ganancia).

1. Regulación de los márgenes de ganancia, a cargo del Estado y con participación de las organizaciones sociales y sindicales, de todo tipo de empresa monopólica u oligopólica, en particular de las empresas de servicios públicos privatizados.
2. Reducción de las tarifas de las empresas de servicios privatizadas y concesionadas, y congelamiento de las mismas por un período mínimo de dos años.
3. Establecimiento de una tarifa plana aplicable a las telecomunicaciones nacionales de los sectores productivos.

12) Recuperación de los recursos naturales del subsuelo, del suelo y de la plataforma submarina, poniendo su uso y disposición en manos del Estado Nacional y los Estados provinciales, para lo cual se dictarán las leyes necesarias (v.g. Ley de Hidrocarburos) y se aplicarán plenamente las existentes (v.g. Ley Federal de Pesca).

1. Optimización de la explotación y producción petroleras en función del nuevo modelo de desarrollo de la Nación. Control sobre las reservas haciendo uso racional de los recursos.
2. Control de la producción y uso de los combustibles estratégicos (el uranio) desarrollando la tecnología propia sin aceptar más límites que los que fijen estas mismas políticas. Desarrollo de tecnologías de reciclaje, imposibilitando el uso del territorio nacional como depósito de residuos del exterior.
3. Desarrollo de tecnología no convencional, volcando al mercado la energía alternativa para reemplazar en el futuro cercano la energía convencional y posibilitando que el uso armónico de las diferentes fuentes energéticas quede en manos de los argentinos.
4. Producción, transmisión y distribución de energía en función de la decisión de desarrollar las economías regionales, obligando a las empresas de servicio a prestarlo donde sea necesario y lo demande la política nacional sobre este punto.
5. Control estatal inmediato del capital genético y biológico de la Nación.
6. Elaboración de un Plan Nacional de Energía que sea herramienta del desarrollo económico, sirviendo de base para el crecimiento industrial, llevando el costo de la energía al nivel tal que los productos industriales argentinos puedan competir a nivel mundial. El Plan deberá ser consensuado con los gobiernos provinciales en función de sus necesidades regionales.

13) Implementación de medidas de emergencia orientadas a la recuperación y control del patrimonio nacional. (Revisión de contratos de privatización y de concesiones).

1. Análisis y revisión de los contratos de todas las privatizaciones.
2. Recuperación de la Marina Mercante Nacional y promulgación de la Ley de promoción de la Marina Mercante, con el fin de que la bandera nacional transporte no menos del 50% de su comercio exterior, reservando el total del cabotaje a la bandera nacional.
3. Aplicación de la Ley Federal de Pesca.
4. Limitación temporal de la remisión de utilidades al exterior hasta reducir la tasa de desempleo a valores inferiores al 6%.

14) Promoción de la cultura popular, la educación para todos y la formación profesional como herramienta estratégica para la promoción del trabajo. Rechazo de la concepción cultural, elitista y transnacional: la cultura reside en la Patria y "el Pueblo es la Patria". Es necesario que nuestros niños y jóvenes accedan a más y mejor educación y a niveles más complejos de conocimiento. Es necesaria una educación basada en nuestro patrimonio cultural, que consolide la identidad nacional. Una educación fundante de un nuevo Humanismo Social y sustento de una democracia legitimada en la dignidad de la persona humana y en tránsito hacia la integración en la Comunidad Latinoamericana de Naciones.

1. Fortalecimiento de la escuela pública, ampliando su financiamiento de acuerdo con lo previsto en la Ley Federal de Educación y garantizando su gratuidad en todos los niveles.
2. Recuperación de los valores nacionales y las tradiciones, revirtiendo la colonización cultural. Asegurar una participación de producción nacional, no menos del 50% en los contenidos de todos los medios de comunicación y consolidación de los medios de comunicación estatales, provinciales y municipales.

15) Inmediato rescate de la salud, a través de la constitución de un sistema nacional integrado que articule el sistema solidario de obras sociales (poniendo fin a su "desregulación") con el sistema público, respetando las distintas características de cada uno de ellos y con amplia participación comunitaria en la administración y control del sistema.

1. Derogación del decreto de necesidad y urgencia que desregula las obras sociales y establece la libre competencia entre el sistema solidario y el privado, con el peligro de bloquear el acceso a la salud de calidad a los sectores de menos recursos.
2. Restitución de los aportes patronales a los niveles de 1991.
3. Devolución de la capacidad de recaudación y control de las retenciones y aportes patronales a las Obras Sociales.
4. Establecimiento de una política nacional del medicamento y de la tecnología sanitaria. Derogación de la Ley de Patentes.
5. Elaboración de un Plan Nacional Integrado de Salud entre las Obras Sociales, el PAMI y el Sector Público nacional y provincial, con participación comunitaria.

16) Disposición de medidas de emergencia social para preservar a los grupos afectados por la crisis que desintegra la familia y la sociedad.

1. Establecimiento de un subsidio a los servicios públicos esenciales, para los desocupados, a cargo de los municipios y las provincias.
2. Exención de impuestos municipales y provinciales a la vivienda única familiar de los desocupados jefes de hogar.
3. Suspensión por dos años de todas las ejecuciones de hipotecas que afecten a la vivienda única familiar.
4. Inmediata elaboración de un plan de viviendas, con participación popular, en función social para todos aquellos que no posean vivienda familiar: habitantes de villas de emergencia, asentamientos, casas ocupadas y lugares públicos con la meta de eliminar totalmente las carencias y la precariedad habitacional en el término de cinco años.
5. Rechazo total a la extensión del período jubilatorio anunciado por el gobierno nacional.
6. Promoción del concepto de la función social de la maternidad, generando políticas de protección a las trabajadoras madres, dotándolas de los instrumentos de apoyo para el cumplimiento de la función de tal, como guarderías, lavaderos municipales, etc., e impulsando la conciencia de la responsabilidad compartida entre hombres y mujeres en la educación de los hijos, así como la democratización de los roles familiares, particularmente en las situaciones mayoritarias hoy de trabajo de la madre y el padre fuera del hogar.
7. Participación de la mujer, en igualdad de condiciones, en las decisiones respecto a salud, educación, calificación laboral, etc.
8. Rechazo del pedido de los países centrales de la jubilación a los 65 años para las mujeres trabajadoras, con base en las profundas diferencias sociales y económicas entre ambas realidades, que impide a la trabajadora local llegar en condiciones dignas de salud mental y física para el trabajo a esa edad.

17) Rechazo a la eliminación del sistema estatal de jubilaciones y pensiones. Rechazo a la eliminación del régimen de Prestaciones Básicas Universales. Establecimiento de la libre elección de sistema jubilatorio, con transferencia de los fondos acumulados por los trabajadores que decidan regresar al sistema de reparto. Imposición de límites a las comisiones de las AFJP, que no podrán superar las que por concepto de administración cobran los fondos de inversión. Obligación absoluta de que los fondos de las AFJP se depositen en el Banco Nación.

18) Ampliación y profundización del Mercosur a Sudamérica, creando instituciones regionales de orden monetario, fiscales y arancelarias intraregional y extraregional que mantenga el equilibrio económico social del área. Plena vigencia de la Carta Social de los derechos de los trabajadores del Mercosur ampliado. Elevación del arancel externo común e implementación de los mecanismos necesarios para establecer una moneda única. Rechazo total al diseño actual del ALCA, estratégicamente opuesto al proyecto de unificación previa de Sudamérica y promoción de un marco posterior de integración supraregional por medio de acuerdos entre los bloques subregionales (NAFTA, CARIBE incluyendo Cuba, PACTO ANDINO y MERCOSUR ampliado). Promoción de un proceso sudamericano (a partir del Mercosur) de unificación político-institucional y de defensa común del subcontinente y de sus intereses territoriales, marítimos y aéreos (económicos, tecnológicos, ecológicos y culturales).

19) Apoyo a todo instrumento orientado a la concertación multisectorial – como la mesa del consenso convocada por la Comisión de Pastoral Social de la Iglesia Católica – que se constituya en mecanismo para acordar propuestas orientadas a la superación efectiva de la grave crisis nacional. Promoción de la formación de un Consejo Económico-Social de rango constitucional.

20) Constitución del Frente Nacional, Social y Productivo como instrumento indispensable en la construcción del poder social y político requerido para cambiar el actual modelo neoliberal por un modelo de desarrollo sustentable con justicia social. A tal fin nos comprometemos a participar y colaborar en la convocatoria de todas las organizaciones libres del pueblo, sindicatos de las diferentes expresiones nacionales, organizaciones barriales, cooperativas, mutuales, agrupaciones empresarias del campo y la ciudad, cámaras de producción, centros de estudios, representaciones de estudiantes, intelectuales y profesionales, comunidades religiosas, comunidades nativas y todas las colectividades forjadoras de la Nación así como a todos los dirigentes políticos dispuestos a tomar los compromisos enumerados en este documento.