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El INDEC
realizó una encuesta de hogares, en el mes de mayo, que relevó
una tasa de desempleo del orden del 15.5%. Este porcentaje, que
significa que habría más de dos millones de desocupados,
se encuentra acompañado de otras graves señales: el mismo
aumento del índice, que en octubre de 1999 era del 13.8% y el incremento
de la subocupación (gente que hace trabajos eventuales o por pocas
horas), ya que en octubre del año pasado el subempleo era del 14.3%
y ahora rondaría el 16%.
La traducción
de estos fríos números es, que sumando ambos indicadores
y aplicados sobre una población económicamente activa de
14 millones, unas 4,2 millones de personas están enfrentando
un serio problema de empleo.
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Además,
la misma encuesta revela que el 40% de la fuerza laboral trabaja en
negro y que el ingreso de los trabajadores ocupados disminuyó
por efecto de la deflación salarial, a lo que contribuyó
el gobierno nacional con la regresiva medida de la extensión y
el aumento del impuesto a las Ganancias a los sueldos mayores de $ 1.500
mensuales.
Si bien el
aumento de la desocupación en la construcción, con una caída
de casi el 10% de su actividad en los primeros cinco meses del año
y la reducción en planes asistenciales, como el Trabajar, contribuyen
al aumento de la desocupación en general, del mismo relevamiento
del INDEC surge que la industria manufacturera siguió expulsando
mano de obra y lo mismo han hecho el Estado nacional y las provincias
a través de los sucesivos ajustes.
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Por otra
parte, el empleo en el sector del comercio y sobre todo en los servicios,
que habían sido expansivos en años anteriores, detuvo su
crecimiento.
Está
muy claro que la recesión y la deflación en la economía
han contribuido al deterioro del mercado laboral incrementando el desempleo
y la precariedad en las condiciones de contratación, poniendo de
manifiesto la cara más oscura del modelo neoliberal que
nos agobia, la exclusión de nuestros hermanos.
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Para que
se pueda pensar en una reducción progresiva de la tasa de desocupación,
la economía tendría que crecer a un ritmo del 5 % anual
y si los pronósticos más optimistas rondan el 3.5 %, caemos
en la cuenta que el Gobierno Nacional continúa poniendo su mayor
empeño en la reducción del déficit fiscal, como lo
exigen el FMI y los socios locales de las empresas privatizadas y de la
banca internacional, cuando es central encarar medidas de aliento
a la producción (eliminación de impuestos regresivos,
reducción de tasa de interés para la industria y el consumo,
reexaminar los aranceles de importación para los países
extra-Mercosur, etc.) para empezar decididamente a dar la batalla por
el crecimiento.
Pero para
ello no basta con el mero anuncio de planes asistencialistas o promesas
de inversión de las empresas a futuro, es fundamental que
el Gobierno Nacional encare la concertación entre las fuerzas
del trabajo, las fuerzas políticas, el empresariado nacional con
compromiso por el país, la Iglesia y, en fin, todos los que tengan
una real preocupación por modificar este modelo de exclusión
y de hambre
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