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Según
el análisis que hace el gobierno nacional, cabalgando permanentemente
sobre el latiguillo "la herencia recibida del gobierno anterior",
no quedan más alternativas que meter mano a las cuentas públicas,
tanto en lo que se refiere a los ingresos (recaudación) como
a los egresos (gastos).
En
el seno del gabinete hay dos posiciones, la política, que pregona la
cirugía "con anestesia" y la económica ortodoxa, en
la que la gente no importa y pretende llegar con el ajuste hasta las últimas
consecuencias. |
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En
el país hay otras posturas, una, que sostiene la reducción de
los gastos, redistribuyendo los recursos de otra manera, sin descuidar a la
gente, y otra, más radicalizada, cuya idea es desconocer los compromisos
con la banca internacional y el Fondo Monetario, acudiendo sin más
en auxilio de los más necesitados.
Pero
el motivo de este comentario no es analizar estas dispares posiciones político-económicas,
sino tratar de llamar la atención sobre el segmento de la población
que va a ser sujeto del ajuste decidido por el gobierno, porque en la Argentina,
desde el advenimiento del Fondo posteriormente al ’55 los ajustes han sido
siempre direccionados hacia los mismos.
Prueba
de ello es que, luego de la última década de ajustes, el escenario
es el arrastre de dos años de recesión y un desempleo que se
expande tanto como la marginalidad y la pobreza. |
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Recordemos
que apenas asumido el gobierno de la alianza, se aprobó un recorte
salarial disfrazado como una suba del Impuesto a las Ganancias, crecieron
los impuestos internos y se extendió el IVA, afectando claramente el
poder adquisitivo de los consumidores. Ahora, en una nueva vuelta de tuerca,
se pretenden bajar los sueldos de los empleados públicos y racionalizar
en forma masiva todos los organismos estatales, a través de retiros
voluntarios y cesantías de contratados.
Se
pueden practicar ajustes en las erogaciones en los sectores de altos ingresos
de los poderes legislativos y judiciales, pero será muy difícil
dejar en la calle a los trabajadores estatales de las provincias donde, sin
vueltas, no hay otra fuente de trabajo que el puesto público,
sobre todo donde se privatizaron empresas públicas como YPF. Como tampoco
se puede hablar de lo que significaría para el futuro del país
los recurrentes recortes en la Universidad. |
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Y
hay otras propuestas. ¿Porqué no se aplica cirugía mayor sobre
los grandes evasores? ¿Porqué los casos resonantes, como los vinculados
al contrabando, no son debidamente penalizados? ¿Porqué se permiten
las influencias e interferencias políticas, incluso del exterior, para
que esas deudas no sean efectivizadas? Pero, desde el Ministerio de Economía,
como parte fundamental del ajuste, se decidió una gran baja salarial,
vale decir lo que propuso el año pasado el actual ministro López
Murphy y por lo que fue vilipendiado desde el mismo seno de la Alianza, que
se encontraba en plena campaña electoral.
Seria
injusto e inequitativo, compensar el déficit originado por la reducción
de los aportes patronales (decididos en su momento por Cavallo), rebajando
salvajemente los salarios de los trabajadores.
Incluso,
casi se infarta el gobierno y el "mercado" cuando Melchor Posse
insinuó una mejora de entre 20 y 50 pesos para la jubilación
mínima, cuando la magnitud de la "mejora" sería ínfima
frente a las necesidades de los jubilados.
Pero
nadie levanta la voz cada vez que sube la tasa de interés y la Argentina
tiene que abonar mucho más por intereses de la deuda externa, neutralizando,
de tal modo, todos los ajustes anteriores, sacrificando inútilmente
a los trabajadores.
Concluyendo,
los ajustes programados son recesivos, son "más de lo mismo",
es algo de lo que ya se probó y no dio resultados. Nuestro país
necesita reactivación, empleo, ponerse en marcha, producir riqueza
y distribuirla, crear valor agregado, exportar, valorizando el salario y aumentando
el consumo. |
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