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Foros
de seguridad: |
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"Si la previsibilidad del voto cada cuatro años, que es, al mismo tiempo, la fuerza y la debilidad de la representación, siempre confirió un trazo de insuficiencia a la legitimidad de los mecanismos de la democracia formal, hoy lo hace mucho más, porque la complejidad, la fluidez y la dinámica del tejido social exigen una permanente confirmación de la legitimidad del poder" UTZIG, José Eduardo.
La década de los 90 trajo en lo que a políticas públicas se refiere, y a pesar de la devastadora consolidación del modelo neoconservador, una gran novedad: la irrupción de propuestas de participación de los ciudadanos en la definición misma de las políticas y en el control de gestión ejercido hacia el estado. Son numerosos los ejemplos de experiencias exitosas en América Latina, quizás se destaque entre ellas el caso del presupuesto participativo que se lleva adelante en lugares como Porto Alegre, Brasil. Allí, después de mas de ocho años de trabajo responsable y serio en políticas públicas participativas, con un desarrollo teórico y de sistematización de la práctica se ha logrado un involucramiento comunitario que permite tomar las mejores decisiones a la vez que modificar la distribución de poder real en la ciudad. "No se limitó a incentivar la participación popular de una manera espontánea, realizar obras o simplemente aceitar los mecanismos de la democracia formal. Representa la creación de un nuevo centro de decisión, que junto al Poder ejecutivo y legislativo, democratizó efectivamente la acción política e integró a los ciudadanos comunes en un nuevo espacio público".
La Reforma del sistema de seguridad de la provincia de Buenos Aires que se inició a fines de 1997 y que terminó abruptamente con la llegada de la actual gestión de gobierno tuvo entre sus principales ejes de transformación la participación comunitaria a través de ámbitos con verdadero poder que, además, fueron incluidos como parte activa del mismo sistema: los foros vecinales y municipales de seguridad y los defensores de la seguridad (Ley 12.154). Fue tarea explícita de estos institutos ejercer un control de gestión externo del funcionamiento policial así como también generar redes de prevención de la violencia social a partir de un trabajo acompañado fuertemente desde el estado. Decíamos antes y sostenemos ahora que no es posible una verdadera transformación del sistema sin ese involucramiento comunitario. A partir de la intervención a la policía bonaerense (gestión del Dr. Luis E. Lugones) continuada con el proceso de normalización institucional (gestión Arslanián) se generó un contexto propicio para avanzar con esta propuesta de participación comunitaria. Si existía consenso popular en relación a la necesidad de depurar la fuerza, no era menos cierta la necesidad de la policía de lograr un acercamiento con la comunidad, que le devolviera credibilidad y respeto. Sin la experiencia de la intervención y la escucha activa que desde el nuevo Ministerio se realizaba hacia foros y defensores, era imposible proponer que las comunidades de cada localidad de la inmensa provincia de Buenos Aires, participaran con cierto grado de confianza en el proceso. Después de un trabajo intenso de sensibilización y transferencia de información referida a las posibilidades de ejercicio de poder que la ley 12.154 delega concretamente en los ciudadanos que integran los foros, se fue generando lenta pero firmemente una práctica nueva, de verdadero empoderamiento de la sociedad en el proceso. Para que esto fuera posible, la Subsecretaría de Relaciones con la comunidad del entonces Ministerio de Justicia y Seguridad, se transformó en el área responsable de garantizar reserva en el manejo de la información proveniente de los foros, así como del procesamiento pertinente, entre otras muchas tareas.
Cuando el trabajo alcanzaba una proyección mas que auspiciosa (en menos de dos años, casi la totalidad de los foros vecinales constituidos, proyectos de prevención de violencia social en escuelas y con jóvenes en plena expansión y consolidación, conformación de una verdadera red provincial para trabajar preventivamente), se produce el cambio de gestión y con él una vuelta atrás de todo el proceso generado. En primer lugar porque no es posible plantear con seriedad una propuesta de participación comunitaria como la descripta en un Ministerio de Seguridad Pública cuya conducción política está en manos de la propia policía (la policía no puede controlarse a sí misma). En segundo lugar porque no hay decisión por parte de la actual conducción de la fuerza de llevar adelante un proceso como el señalado: no sabe hacerlo, no tiene por qué saber hacerlo y tiene demasiado trabajo con la gestión policial propiamente dicha. No puedo menos que reflexionar públicamente sobre éstos hechos, después de haber sido responsable de una de las áreas más sensibles en el proceso de Reforma, proceso que contó con el consenso de las principales fuerzas políticas expresado en una Ley de Seguridad Pública que sigue vigente en los papeles pero que, lamentablemente, perdió vigencia en la práctica. Los foros y defensores siguen trabajando en muchas localidades, siguen proponiendo acciones y encuentros, son ellos los que están delineando la política del Ministerio en lo que respecta a participación comunitaria. Pero no cuentan con las mínimas condiciones desde el estado para garantizar que tanto esfuerzo comunitario tenga repercusión real, impacto en la política de la institución. Algunos, desengañados una vez más, frustrados una vez más y lo que es peor: desgastados en la confianza puesta en las políticas que decimos "de estado", renuncian en masa, porque advierten también el riesgo que conlleva seguir adelante con la tarea que se transforma paulatinamente en una "patriada" más que en una práctica en la que estado y sociedad gestionan una política pública. Más tarde o más temprano, como ocurre en el resto del mundo, tendremos que volver a plantear la participación comunitaria en seguridad como política de estado. Lo lamentable e imperdonable es la pérdida del precioso tiempo que transcurre entretanto y la nueva frustración a la que se ven sometidos miles de bonaerenses que apostaron a la construcción de estos nuevos espacios, convencidos, como lo estábamos nosotros, de que se trataba de una cuestión de estado.
*ex
Secretaria de Relaciones con la Comunidad |
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